EL ACUERDO TRANSATLÁNTICO SOBRE COMERCIO E INVERSIÓN TTIP
Resumen
El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI o TTIP, por sus siglas en inglés) es un extenso tratado sobre libre comercio e inversión que están negociando (en secreto) la Unión Europea y estados Unidos. El presidente Barack Obama fue el primero en anunciar sus intenciones de emprender las negociaciones para alcanzar un TTIPdurante su discurso sobre el estado de la unión en febrero de 2013, y en julio del mismo año tuvo lugar la primera ronda de negociaciones entre la Comisión Europea y los funcionarios estadounidenses. El objetivo es llevar a cabo las conversaciones lo más rápidamente posible y sin que los detalles lleguen a la opinión pública, con la esperanza de poder cerrar las negociaciones antes de que la ciudadanía en Europa y EE.UU. descubra la verdadera envergadura de la amenaza que supone el TTIP. Como ya han admitido funcionarios de ambas partes, el objetivo principal del TTIP no es estimular el comercio eliminando aranceles entre la UE y los EE.UU., pues son tan bajos que apenas pueden reducirse ya. Su principal finalidad es, como ellos mismos han reconocido, eliminar las “barreras” reguladoras que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a los dos lados del Atlántico. Ahora bien, estas “barreras” son en realidad algunas de nuestras normativas más preciadas en materia de derechos sociales y medio ambiente, como los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria (incluidas las restricciones a los OGM), las regulaciones sobre el uso de substancias químicas
tóxicas, las leyes de protección de la privacidad en internet e incluso las nuevas garantías en el ámbito bancario introducidas para prevenir otra crisis financiera como la de 2008. En otras palabras, no podría haber más en juego.
El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI o TTIP, por sus siglas en inglés) es un extenso tratado sobre libre comercio e inversión que están negociando (en secreto) la Unión Europea y estados Unidos. El presidente Barack Obama fue el primero en anunciar sus intenciones de emprender las negociaciones para alcanzar un TTIPdurante su discurso sobre el estado de la unión en febrero de 2013, y en julio del mismo año tuvo lugar la primera ronda de negociaciones entre la Comisión Europea y los funcionarios estadounidenses. El objetivo es llevar a cabo las conversaciones lo más rápidamente posible y sin que los detalles lleguen a la opinión pública, con la esperanza de poder cerrar las negociaciones antes de que la ciudadanía en Europa y EE.UU. descubra la verdadera envergadura de la amenaza que supone el TTIP. Como ya han admitido funcionarios de ambas partes, el objetivo principal del TTIP no es estimular el comercio eliminando aranceles entre la UE y los EE.UU., pues son tan bajos que apenas pueden reducirse ya. Su principal finalidad es, como ellos mismos han reconocido, eliminar las “barreras” reguladoras que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a los dos lados del Atlántico. Ahora bien, estas “barreras” son en realidad algunas de nuestras normativas más preciadas en materia de derechos sociales y medio ambiente, como los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria (incluidas las restricciones a los OGM), las regulaciones sobre el uso de substancias químicas
tóxicas, las leyes de protección de la privacidad en internet e incluso las nuevas garantías en el ámbito bancario introducidas para prevenir otra crisis financiera como la de 2008. En otras palabras, no podría haber más en juego.
Además de su programa desregulador, el TTIP también anhela crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a las empresas transnacionales, lo que amenaza con provocar nuevas olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad o la educación. Lo más preocupante es que el TTIP pretende conceder a los inversores extranjeros el derecho de demandar a gobiernos soberanos frente a tribunales de arbitraje ad hoc para reclamar pérdidas de beneficios derivadas de decisiones sobre política pública. En la práctica, este mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados eleva el capital transnacional a un estatus equiparable al del Estado nación y amenaza con minar los principios más básicos de la democracia tanto en la UE como en los EE.UU.
Así pues, el TTIP no debe entenderse como un acuerdo entre dos socios comerciales competidores, sino como un intento por parte de las empresas transnacionales de abrir y desregular mercados a los dos lados del Atlántico. Las amenazas que supone este tratado están suscitando cada vez más preocupación entre la ciudadanía de la UE y los EE.UU., y algunos grupos de la sociedad civil están aunando fuerzas con académicos, parlamentarios y otras personas para evitar que funcionarios del gobierno pro-empresariales renuncien a las normativas clave en materia social y medioambiental anteriormente mencionadas. Se anima a todas las personas a oponerse al TTIP, poniéndose en contacto con las campañas locales correspondientes o lanzando su propia campaña.
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